- El rol principal de esta instancia será fiscalizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado hacia los pacientes reconocidos como afectados.
Con el objetivo de garantizar la salud, la atención integral y la reparación a largo plazo de los afectados, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció la conformación de la Comisión de Seguimiento de las víctimas de dietilenglicol y sus familiares.
El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, explicó que dicha comisión contará con representantes de las víctimas, del Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social (CSS), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional y el Ministerio de la Presidencia.
Afirmó que los pacientes reconocidos con su respectivo carné no reciben un privilegio, sino un derecho que el Estado debe garantizar.
“Si el paciente tiene un carné que indica que está afectado, la Ley dice que tiene que tener ciertas consideraciones, como medicamento, atención”, recalcó Zambrano Chang.
En tanto, el presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, diputado Edwin Vergara, destacó que el rol principal de esta instancia será fiscalizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado hacia los pacientes reconocidos como afectados.
“Tenemos un paso a seguir que será organizar la comisión, conformarla, establecer una lista de puntos y otros aspectos a cumplir, y darles seguimiento”, señaló Vergara.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo subrayó la urgencia de implementar una ruta de atención integral con seguimiento de por vida, fortalecer el Centro de Toxicología de la CSS, asegurar el suministro oportuno de tratamientos y establecer mecanismos efectivos de no repetición.
“Las víctimas tienen derecho a ser escuchadas, atendidas y reparadas”, resaltó la entidad.
La conformación de esta comisión representa un paso fundamental para asegurar la humanización en los servicios de salud, atención digna, permanente y justa de las víctimas del dietilenglicol, así como el compromiso del Estado con la salud pública y la protección de los derechos humanos.
