El Ministerio de Salud (Minsa) informa que en horas de la tarde del 22 de diciembre del 2021 se recibió en la Dirección Médica del Hospital Santo Tomás, una solicitud por parte de la Fiscalía de Familia del Ministerio Público para una atención obstétrica a una menor, víctima de supuesta violación sexual luego de la denuncia presentada por un familiar.
La menor fue recibida a las 7:00 a.m. por un equipo de ginecólogos obstetras y en presencia del fiscal de Familia el 23 de diciembre en la Clínica de Embarazo de Alto Riesgo de la Maternidad del Hospital Santo Tomás.
Ese día se le practica un ultrasonido obstétrico que determinó un embarazo de 23.4 semanas. Inmediatamente se puso en marcha el protocolo de manejo de alto riesgo, ya que por el tiempo de gestación el embarazo no podía ser interrumpido.
El Código Penal en su artículo 144 señala que sólo se permite la interrupción del embarazo hasta las 8 semanas si este es producto de una violación sexual; y hasta 22 semanas si la mujer o el feto están en riesgo de muerte.
Seguidamente se le notificó de la situación a la dirección del Hospital del Niño para que su equipo efectuara las intervenciones necesarias.
En la Maternidad del Hospital Santo Tomás y en el Hospital del Niño actualmente se le realizan a la menor los respectivos controles del embarazo, tomando en cuenta además los riesgos inherentes por la edad de la paciente, al igual que el apoyo psicoemocional y pediátrico.
Posteriormente, al iniciar la paciente su tercer trimestre de embarazo, el equipo de atención decidió su admisión en la sala de alto riesgo de la Maternidad del Hospital Santo Tomás para la vigilancia cercana y mejor manejo de la gestación.
La cesárea está programada según se determinó en el “plan de parto” por el Hospital Santo Tomás y el Hospital del Niño, siendo igualmente discutida de manera amplia con las autoridades y equipo de técnicos del Ministerio de Salud.
Desde que se tuvo conocimiento de este caso, se le ha dado un seguimiento interinstitucional a la paciente, que incluyen a igual que el Minsa, al Ministerio de Desarrollo Social y Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). La atención no sólo está relacionada con el embarazo, sino también con el bienestar sicológico, social y físico de la menor.
El agresor sexual de la menor se mantiene detenido a órdenes del Ministerio Público por la comisión de delito de violación sexual con el agravante de ser cometido contra una menor de edad.